Temporal de diez días activa protocolo nacional de emergencia en la minería y expone vacíos de cobertura entre mineras y contratistas
Industria minera
El Gobierno declaró emergencia preventiva en diez regiones ante un sistema frontal catalogado de “gran intensidad y multiamenaza”, vigente hasta el 21 de julio. Sernageomin activó su protocolo nacional de emergencia y advirtió sobre relaves, aluviones y cortes de conectividad en zonas mineras.
miércoles 15 de julio de 2026 – 10:11 –
Santiago, 15 de julio de 2026. El Ministerio del Interior decretó emergencia preventiva en diez regiones del país, desde Atacama hasta Los Ríos, tras la llegada de un sistema frontal que las autoridades describen como uno de los más intensos de los últimos años. La medida, vigente entre el 13 y el 21 de julio, responde a la interacción de cuatro frentes consecutivos que traerán lluvias, vientos y nevadas de magnitud extraordinaria, con mayor severidad entre las regiones de Atacama y Biobío.
Ante el riesgo para la actividad minera, el Servicio Nacional de Geología y Minería activó su Sistema de Comando de Incidentes a nivel nacional, protocolo que operará hasta el 21 de julio y que coordina a todas las direcciones regionales del servicio desde Atacama hasta Los Lagos. La entidad identificó cuatro riesgos críticos para las faenas: colapso o filtración de depósitos de relaves, remociones en masa y aluviones que pueden aislar campamentos cordilleranos, anegamiento e inestabilidad de taludes en minería a rajo abierto y subterránea, e interrupción de rutas de acceso por desprendimiento de rocas.
“Cuando una faena se detiene por un temporal, el contrato entre la minera y sus contratistas rara vez define con claridad quién asume los costos de la inactividad y quién responde si un equipo o una persona sufre daño en ese período. Ese vacío se descubre siempre en el peor momento, cuando ya ocurrió el incidente”, dice Lucas Behncke, especialista en seguros mineros de Ventus Group.
La zona central y centro sur, en particular Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins, concentra la mayor preocupación técnica por la combinación de pequeña y mediana minería con menor infraestructura de contención y grandes operaciones emplazadas en alta cordillera.
El precedente que la industria sigue citando es el aluvión de marzo de 2015, que afectó a Atacama y regiones vecinas con pérdidas estimadas por el Gobierno y la Asociación de Aseguradores de Chile en unos US$1.500 millones, de los cuales el sector minero concentró cerca del 85%. De ese total, las compañías de seguros cubrieron entre US$400 y US$450 millones, apenas un tercio del daño total, principalmente porque buena parte de la infraestructura pública y de menor escala no estaba asegurada. Faenas de la pequeña y mediana minería en la zona tardaron hasta ocho meses en recuperar su operación plena, según reportes de la época, un plazo que excede ampliamente los períodos de carencia que contemplan hoy la mayoría de las pólizas de paralización de faena.
El vacío de los contratos
Lucas Behncke, Placement de Ventus Group, corredor especializado en minería y equipos móviles, señala que el riesgo de un evento de esta escala no se agota en el daño físico a la faena, sino en las relaciones contractuales entre mandantes y contratistas durante la paralización.
El especialista advierte que el costo de la inactividad suele superar largamente lo que las empresas dimensionan al momento de contratar la póliza. “Una faena de mediana minería paralizada por bloqueo de caminos puede perder entre diez y quince mil dólares diarios solo en producción no despachada, sin contar el costo de mantener personal y maquinaria detenida en terreno. Cuando la paralización se extiende varios días, como puede ocurrir con este sistema frontal, la diferencia entre una póliza que cubre desde el primer día y otra con un período de carencia de 72 horas es enorme”, explica Behncke.
El especialista agrega que muchas pólizas de continuidad operacional en minería fueron diseñadas antes de que este tipo de sistemas frontales, de múltiples frentes y varios días de duración, se volviera recurrente. “Las coberturas de paralización de faena suelen tener plazos de espera y topes que no anticipan un evento que se extiende una semana completa y afecta simultáneamente a diez regiones. Eso obliga a revisar los deducibles, los períodos de carencia y si la póliza distingue entre paralización preventiva y paralización por daño efectivo”, añade Behncke.
Behncke recomienda a las compañías mineras y a sus contratistas revisar, antes de que un evento de esta magnitud se repita, si sus contratos de subcontratación asignan responsabilidad civil durante interrupciones por fuerza mayor, si las pólizas de infraestructura cubren daño por aluvión o falla de talud además de incendio, y si la cobertura de continuidad operacional contempla escenarios de aislamiento por corte de rutas de acceso, un riesgo que el propio Sernageomin identifica como creciente.
